Presupuesto, Violencia y Género.

Según Sharp y Broomhill (2002) los presupuestos de género "son un mecanismo para establecer si los compromisos del Gobierno en cuestiones de género se traducen en compromisos presupuestarios". Si estos compromisos en materia de igualdad no cuentan con los recursos económicos necesarios, las posibilidades de que lleguen a materializarse son muy pocas.

La primera experiencia de los presupuestos pro-equidad de género se emprendió en Australia hace dos décadas. Ésta y la de Sudáfrica que se impulsó en 1995 todavía sirven como punto de referencia para muchos de los proyectos que se realizaron en varios lugares del mundo, incluyendo la región latinoamericana, a partir de los años noventa. La cooperación internacional fue desde el comienzo una aliada firme en este proceso.

El Secretariado de la Mancomunidad Británica, organismos de las Naciones Unidas (como PNUD, UNIFEM, UNFPA) el Banco Mundial y agencias bilaterales de desarrollo (como por ejemplo la alemana GTZ, la británica DFID o la belga) han aportado recursos para la investigación y la implementación de esos ejercicios, colaborando con la institucionalidad política, así como con la sociedad civil.

Un presupuesto de género no es la asignación de recursos independientes para las mujeres sino, por el contrario, debe garantizar que se destine el dinero público necesario para lograr la igualdad de género. Por eso, si el instrumento económico más importante del país no contempla recursos para las mujeres, “cualquier esfuerzo a favor de la equidad e igualdad de género está destinado al fracaso”.
PRESUPUESTO DE GÉNERO
Internacionalmente se consideran presupuestos de género todo  gasto público que favorezca el desarrollo y bienestar de las mujeres en todos sus ámbitos, salud, educación, desarrollo social, seguridad, atención y prevención de la violencia hacia las mujeres, etcétera.
Actualmente, más de cuarenta países en el mundo realizan ejercicios presupuestarios en este sentido. Originalmente surgieron de la experiencia de países como Australia y recibieron un mayor impulso tras el compromiso alcanzado en la Plataforma de Pekín.
El presupuesto de género es un mecanismo que permite trasladar los compromisos de un Estado a los hechos, a través de la asignación de recursos efectivos para atender la problemática femenina.
De no contar con recursos económicos adecuados, es poco factible que los compromisos a favor de la igualdad de género se puedan convertir en realidad.
De acuerdo con la organización Mujeres del Reino Unido, la mayoría de las iniciativas de los presupuestos de género persiguen tres metas clave:
1.       Introducir los temas de género de manera generalizada dentro de las políticas gubernamentales.
2.       Fomentar una mayor responsabilidad institucional de los compromisos alcanzados por los gobiernos en la igualdad de género.
3.       Cambiar los presupuestos y las políticas en beneficio de las mujeres.
Investigación
● Investigación sobre presupuestos de género
Con el fin de analizar y sintetizar las implicaciones presupuestarias de las políticas contra la violencia doméstica en América Latina, Naciones Unidas elaboró en 2002 un documento marco para facilitar el proceso de análisis sistemático de las implicaciones presupuestarias de la violencia doméstica en Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, México y Perú.
En el año 2002, investigadoras del ICRW (International Center for Research on Women) realizaron el informe nutriéndose  del análisis de la literatura y de los datos sobre legislación contra la violencia doméstica, planes nacionales de acción y programas públicos en América Latina; de la revisión de la literatura sobre los costos económicos y sociales de la violencia doméstica con especial énfasis en América Latina; y del análisis de las leyes y planes de acción sobre este tema en dicha región, incluyendo todo aquello que las leyes garantizan de manera concreta. Además, los/las investigadores/as del ICRW compilaron y analizaron la información sobre los actuales niveles de asignación presupuestaria para la aplicación de leyes y planes nacionales de acción en una muestra de países.
 
 
● Investigación sobre el coste de la violencia de género
Otra línea de investigación es la dirigida a cuantificar los costes de la violencia contra las mujeres en el Producto Interior Bruto de un país. Estas investigaciones ofrecen indicadores y datos estadísticos que muestran cómo la desigualdad estructural es un obstáculo para el desarrollo.
El gasto que supone la violencia hacia las mujeres se refiere a distintos aspectos, como por ejemplo, el derivado de la atención médica de las víctimas, o a las pérdidas de productividad en las empresas.
Estos estudios contribuyen a dimensionar económicamente la problemática, favoreciendo así que en presupuestos gubernamentales se contemplen también presupuestos de género.
En España, el Instituto Andaluz de la Mujer elaboró el informe “Los costes económicos y sociales de la violencia doméstica en Andalucía”. Según éste,  la violencia doméstica contra las mujeres, ejercida por su pareja o ex pareja, tenía un coste anual para la sociedad andaluza de 2.356,8 millones de euros (Cuadro 1). Este importe recoge tanto los costes directos (recursos, específicos o no, utilizados por las víctimas) como algunos costes indirectos (el valor de los bienes y servicios perdidos por la violencia, la pérdida de bienestar de la víctima y de la sociedad en su conjunto).
En México, un informe publicado en la revista “Debate Parlamentario”, señalaba que la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), reveló que el 46.6 por ciento de mexicanas (nueve millones de mujeres), sufren algún tipo de violencia económica, emocional, física y sexual.
Por ello estima que deberían estarse aplicando muchos recursos para combatir la violencia contra las mujeres, para evitar tanto los costos económicos como los físicos, psicológicos y emocionales de las víctimas.
En cuanto a Gran Bretaña, otro informe elaborado por la Unidad de Mujer e Igualdad del Instituto Nacional de Estadística, estimaba que la violencia doméstica en 2001, supuso para el gobierno un coste de 3 billones de libras, mientras que para las empresas 1.3 billones de libras.
Si te interesa este contenido, ¡compártelo!