Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género

El sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género es una aplicación puesta en marcha desde el Ministerio del Interior de España en agosto del año 2007. Es una aplicación informática que integra la información y los recursos operativos para asistir a las mujeres víctimas.

Sitúa a la víctima de violencia de género en el centro del sistema que tiene por objetivos:

• Aglutinar a las instituciones que intervienen en la protección y seguridad de las víctimas de violencia de género (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Fiscalía, Jueces y juezas, Instituciones Penitenciarias, Unidades de Coordinación y de Violencia sobre la Mujer y Servicios Sociales).
• Integrar en una sola base de datos toda la información sobre las circunstancias que rodean a las víctimas de violencia de género.
• Realizar valoraciones del riesgo de la víctima de sufrir una agresión y adoptar las medidas de protección necesarias.
•  Implantar un sistema de avisos, alertas y alarmas que permita, según los protocolos establecidos, reaccionar de una forma rápida y eficaz.

En el sistema interactúan agentes, que han recibido una formación y habilitación específica, de la Guardia Civil, Policía Nacional, Instituciones Penitenciarias, Unidades de Coordinación y Ministerio Fiscal y se irán incorporando paulatinamente el Poder Judicial, los Mossos d’ Esquadra, Polícias Forales de Navarra y las policías locales.

La valoración del riesgo de la víctima de violencia de género se realiza a través de una herramienta construida a partir de 40.000 casos reales y validada por un equipo de catedráticos universitarios y especialistas de la Policía Nacional, la Guardia Civil e Instituciones Penitenciarias.

Con ella, las personas especialistas policiales determinan el riesgo de la víctima de sufrir una agresión, diferenciado en cuatro niveles: extremo, alto, medio y bajo. Estos niveles se revisan de forma periódica, a las 72 horas (en el caso del nivel extremo), 7 días (alto), 30 días (medio) y 60 días (bajo), y también cuando lo disponga la autoridad judicial o fiscal, o existan nuevas circunstancias que afecten a la víctima o al agresor.

Estas valoraciones se incorporan al atestado policial y se comunican a la autoridad judicial y fiscal, y generan una serie de avisos sobre cualquier circunstancia relacionada con la tramitación de cada caso; alertas sobre una situación que pueda elevar el nivel de riesgo de la víctima y alarmas sobre la inminencia de una situación grave para la seguridad de la víctima.